Este informe examina el alcance de la protección extendida a la libertad de expresión en trece países seleccionados. En particular, el informe se centra en los límites de la protección que puede aplicarse al derecho a interrumpir o afectar de cualquier otro modo la expresión pública. El informe también aborda la disponibilidad de mecanismos para controlar a las emisoras extranjeras que trabajan en nombre de gobiernos extranjeros.
Los términos «libertad de palabra» y «libertad de expresión» utilizados en este informe son intercambiables. Las citas en este resumen se tomaron de las encuestas de los países pertinentes.
Límites de la expresión pública
Todos los países encuestados parecen reconocer expresamente el derecho a la libertad de expresión como un derecho constitucional o fundamental. Sin embargo, la libertad de expresión no es absoluta; todos los países le aplican limitaciones a distintos niveles.
Restricciones de contenido geopolítico
Aunque la Constitución china declara que los ciudadanos gozan de libertad de expresión y libertad de prensa, estas libertades están fuertemente restringidas por leyes y reglamentos específicos. Por ejemplo, la Ley de Ciberseguridad de China prohíbe el uso de Internet para «poner en peligro la soberanía, derrocar el sistema socialista, incitar al separatismo, romper la unidad nacional, hacer apología del terrorismo o del extremismo, propugnar el odio étnico y la discriminación étnica.
Las restricciones a la libertad de expresión pueden considerarse en el contexto de la Revolución Euromaidán de 2014 y del conflicto con la Federación Rusa. Además de la censura, la legislación ucraniana contiene restricciones en forma de cuotas lingüísticas para la radiodifusión, la impresión y la publicación de medios de comunicación en idiomas distintos del ucraniano. Así, sólo el 10% del total de las proyecciones de películas en Ucrania puede ser en una lengua distinta del ucraniano, y al menos el 50% de los libros publicados y distribuidos en Ucrania deben ser en ucraniano.
La legislación ucraniana autoriza además la prohibición de «películas que contengan la propaganda de un ‘estado agresor’, incluidas las imágenes positivas de los trabajadores del estado agresor, los cuerpos de seguridad del estado soviético y las películas que justifiquen la violación de la integridad territorial». La prohibición se aplica a las películas producidas por individuos y entidades del estado agresor, y a las películas con el contenido mencionado producidas después del 1 de agosto de 1991, independientemente del país de origen.
Prohibiciones específicas sobre la interrupción de la expresión y las deliberaciones públicas
En algunos de los países estudiados se encontraron normas específicas que prohíben la interrupción del discurso y las deliberaciones públicas. Por ejemplo, el Reglamento Interno del Congreso Nacional de Brasil, así como el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, no permiten la interrupción del discurso parlamentario.
Durante las sesiones conjuntas del Congreso, las galerías están a disposición del público. No se permite ninguna manifestación de apoyo o desaprobación a lo que ocurre en el pleno ni la práctica de actos que puedan perturbar los trabajos. Del mismo modo, se permite a todas las personas asistir a las sesiones públicas en el Senado Federal desde un asiento reservado, siempre que guarden silencio y no den ninguna señal de aplauso o desaprobación de lo que allí sucede.
Japón reconoce específicamente un delito de perturbación del discurso público para las campañas electorales públicas, un delito castigado con prisión o multa.
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